APLAZAN ENTREGA DE LA DOBLE CALZADA A GIRARDOT

Falta el 7 por ciento de la doble calzada, y el concesionario promete que lo entregará en agosto. Min transporté y ANI lideran acuerdos para solucionar tropiezos y para que obras finalicen este año.

A 16 días de que se cumpla el plazo para que el contratista entregue el 100 por ciento de los trabajos de la doble calzada entre Bogotá-Girardot, tal como quedó pactado el año pasado entre el Ministerio de Transporte y el concesionario, el avance de las obras es del 93 por ciento, es decir, de 117,7 kilómetros.

El 7 por ciento restante se entregaría hasta agosto, pero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prevé que la vía en doble calzada –cuyo contrato de concesión se adjudicó en 2004 y se anunció que se terminaría en 2007– esté terminada solo a finales del 2013, seis años después de lo previsto.

“Faltan algunas obras menores, pero no por ello menos importantes, algunas relacionadas con la señalización y puentes peatonales, que se entregarán entre octubre y diciembre”, afirma el viceministro de Infraestructura, Javier Hernández.

El funcionario aclara que si bien los vehículos están transitando por los nuevos tramos de la carretera, no todos han recibido el visto bueno de la interventoría.

Esta es la cuarta vez que se posterga la finalización de las obras en esta concesión, que ha tenido que superar líos prediales y las interferencias con redes de servicios y títulos mineros.

Primero, ante los incumplimientos del 2007, se dijo que estaría en agosto del 2010 y tras la salida del grupo Nule se congeló la entrega.

En agosto del 2012, el ministro de ese entonces, Miguel Peñalosa, dijo que el 30 de octubre de ese año se entregaría el 90 por ciento de la vía y el resto el 30 de junio de este año.

La actual ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa quien se posesionó el 3 de septiembre del 2012, afirma que hubo dos situaciones que dilataron la finalización de las obras para este año.

El primero, el tribunal de arbitramento que debe definir las compensaciones y multas, y el segundo, la entrega de un predio de la familia Williamson, necesario para continuar las obras, que se obtuvo solo hace dos semanas.

“La obra va muy adelantada y en julio nos entregan 10 kilómetros adicionales, y solo faltarían cinco que deben entregarlos en octubre”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con Luz Mélida Gamboa, representante legal de la concesión, “está pendiente por terminar el sector comprendido entre Subia y Silvania, que corresponde a ocho kilómetros, de los cuales a la fecha ya están ejecutados cinco.

 

Otro sector pendiente es la Variante de Fusagasugá, en donde, por interferencias prediales, solamente se pudo intervenir este mes”, dice.

Gamboa agrega que en el tramo Canecas hay una interferencia predial por un arrendatario que impide la ejecución de las obras en 200 metros, pero que afecta la interconexión del tramo Chinauta-Melgar, así como la habilitación de 4 kilómetros de doble calzada.

Otro de los contratiempos, según el contratista, en el sector de El Paso, están suspendidas las obras debido a que aún se encuentra en litigio entre el propietario y el Invías, lo cual impide la terminación del viaducto y construcción de segunda calzada en 600 metros.

Gamboa reconoce que los inconvenientes que se han presentado se han venido solucionando gracias a la intervención y apoyo directo del Ministerio de Transporte y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La ANI descongeló una buena parte de los recursos que estaba reteniendo de los peajes como consecuencias de los atrasos, para que el contratista pudiera comprar los predios necesarios para despejar la construcción de la segunda calzada.

En la actualidad, dice el concesionario, se necesitarían 51.000 millones de pesos para adquirir los predios que hacen falta.

Buscarán compensación

La representante legal de la carretera, obra estratégica dentro del corredor al puerto de Buenaventura, sostiene que el concesionario Autopista Bogotá-Girardot no ha tenido que pagar ninguna multa, pues la terminación de obras de construcción y rehabilitación a octubre de 2012, dependía de que las zonas de trabajo estuvieran libres de afectación predial, de redes de servicios públicos y amparos mineros entre otros aspectos, lo cual son situaciones no imputables al concesionario.

Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, le dijo a Portafolio que a través del tribunal de arbitramento buscarán que el contratista compense al Estado con 140 mil millones de pesos por las demoras que se han presentado en la obra.

“La prioridad de la Agencia y del Ministerio es que este proyecto se termine y se termine bien”, declaró Andrade.

Christian Pardo Q.

Economía y Negocios

Diario Económico Portafolio